A cincuenta años del golpe: resabios violentos de la última dictadura

Por Guillermo Fernández

A medio siglo de la instauración de una dictadura que perfecciono el terror del Estado, hoy todavía hay un resabio que cada vez es más notorio: la violencia. No trato de   forzar paralelismos históricos, sino de reconocer que ciertas formas de confrontación siguen presentes en el debate social y político.

Esa misma dictadura dejo tras de sí de una derrota militar; miles de desaparecidos en todo el país; miles de desempleados; fragmentación de la clase trabajadora; unaa extendida desconfianza hacia el Estado y -en especial- sus Fuerzas Armadas; y una economía debilitada y dependiente de las potencias occidentales. El gobierno cívico-militar -con éxito- impulsó, mediante la coerción y el control político, la nueva estructura social y productiva que tendría el país tras el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”. Si bien la dictadura termino en 1983, varias de sus “obras” persisten como los decretos-ley que siguen vigentes o la estructura económica orientada a la acumulación financiera. En ese sentido, me interesa detenerme en un rasgo menos visible pero persistente en determinados ámbitos de la política y del Estado: la persistencia de la violencia entendida como finalidad de la acción política.

Si bien la violencia en la política argentina esta presente desde sus inicios y la violencia es más antigua que la organización política en sí. La última dictadura dejo como legado el perfeccionamiento de la violencia y los tormentos como instrumento de dominación.

Para el fascismo, la violencia es un fin en sí mismo, no es un medio como otras corrientes políticas consideran. Para esta corriente, el fascista debe usar la violencia para lograr la revitalización de su nación y la transformación profunda de la sociedad, orientada hacia la construcción de un “hombre nuevo”. En ese sentido, la violencia y la muerte es condición necesaria para exterminar a las “ideologías extranjeras” o de supuestos enemigos internos. En términos discursivos, el fascismo suele apoyarse en la movilización intensa de emociones colectivas, particularmente el miedo y el odio, como mecanismos de legitimación de la confrontación contra el adversario político. Esta construcción simbólica permite justificar prácticas de exclusión, persecución o violencia bajo la retórica de la defensa de la nación.

El autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” no fue un régimen fascista como tal pero sí compartió varios elementos como la centralidad en la violencia como herramienta para “depurar” el cuerpo social y la apelación sistemática al temor frente a la “subversión” o a amenazas externas como el comunismo como forma de legitimar su accionar político.

Con el retorno de la democracia, el Estado afrontó un doble desafío: por un lado, reconstruir el lazo entre el Estado y la sociedad civil y, por el otro, la construcción del Estado como protector de derechos. El mismo Estado impulso distintas iniciativas orientadas a reparar, en lo posible, los daños producidos durante el período anterior. Entre ellas, los juicios a los principales cuadros militares del periodo anterior, los esfuerzos por identificar los restos de personas detenidas-desaparecidas y diversas políticas destinadas a depurar del aparato estatal a aquellos funcionarios vinculados activamente con la dictadura. Además, se promovieron reformas institucionales orientadas a fortalecer el orden democrático y reafirmar el carácter civil dentro del Estado, como la ley 23.554 que estableció una diferenciación más clara entre los ámbitos de la defensa nacional y la seguridad interior.

En estos más de 42 años de democracia, el Estado Argentino logró reinstaurar el estado de derecho, la condena de represores, el desmantelamiento del aparato represivo heredado de la dictadura y mantener la estabilidad política más allá de las crisis económicas, estallidos sociales y conflictos. Con avances y retrocesos, Argentina consolido el régimen democrático. Si algo hay que festejar es que actualmente estamos en el periodo más largo de democracia interrumpida, que no es poca cosa teniendo en cuenta que el segundo periodo más largo de democracia plena fue de apenas 14 años (1916-1930) y en un contexto internacional donde las democracias enfrentan procesos de erosión y donde resurgen expresiones autoritarias, la continuidad de nuestra democracia  es un elemento digno de valoración y reflexión.

Cada país transito su propio camino a la democracia, condicionado por su historia política,  sus élites y las circunstancias que marcaron el final de los regímenes autoritarios. En Chile, la transición fue a partir de un proceso pactado que dejó como herencia una constitución elaborada por la dictadura de Pinochet. En Argentina, en cambio, el régimen militar colapsó tras la derrota en la Guerra de Malvinas y en medio de una profunda crisis económica, lo que debilitó su capacidad para crear un reservorio de poder. Y Brasil, por su parte, experimentó una salida más gradual y negociada, resultado de un proceso de apertura progresiva impulsado en los últimos años del propio régimen. Pero por fuera de las diferencias de cada caso, en las tres experiencias comparten algo en común: la existencia de elementos violentos y antidemocráticos heredados de la última dictadura.

Según Garretón (2008) en su libro “Del postpinochetismo a la sociedad democrática”, más allá de que un Estado sea democrático y con instituciones republicanas consolidadas todavía puede tener en su sistema político “enclaves autoritarios”. Es decir, aquellos actores que amenazan con el uso de la violencia ante cualquier cambio, reforma o intento de protesta contra ellos. La amenaza de un golpe militar esta totalmente descartada para este tipo de actores, sin embargo, sí es posible que mantengan el mismo razonamiento en el cual criminalicen cualquier tipo de oposición a ellos o el orden al que defienden.

Para este tipo de actores, a su vez se crean narrativas discursivas para justificar su accionar o relativizar su gravedad. En algunos casos, los abusos de autoridad y los delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas de Seguridad se presentan bajo un repertorio retórico del "orden" o "mano dura" de épocas dictatoriales. O también ciertos funcionarios o gobernantes locales y provinciales generan sistemas informales autoritarios por fuera del control del Estado Nacional, estos tienen una narrativa en el cual legitiman la violencia contra la oposición o la protesta a través de la defensa de su autonomía y la naturalización del paternalismo con la cual consideran a una golpiza u otro acto violento como medidas duras por el bien común. En ambos casos estos actores crean una lógica en la que se consideran asimismo como “tutores” del orden social, legitimando el uso de la coerción frente a lo que se define como un “enemigo interno”. Este tipo de construcciones discursivas remite a tradiciones fascistas en la cual estos agentes antidemocráticos conciben la política en términos de depuración o eliminación del conflicto, y que tienden a privilegiar estructuras de poder rígidas y verticales como mecanismo para imponer estabilidad.

La represión indiscriminada y abusos del poder policial junto al establecimiento de redes informales y paternalistas de gobernantes locales o provinciales terminan por convertir esos lugares en zonas marrones. Estas zonas, según describió Guillermo O´Donnell, la presencia del Estado es débil o nula e impera un autoritarismo mezclado con rasgos democráticos, generando vacíos de legalidad y vulnerabilidad de los derechos civiles. En contraposición a las zonas azules en las cuales existe un aparato burocrático sólido y un sistema legal aplicado de manera uniforme.

No obstante, la presencia de elementos antidemocráticos no se limita exclusivamente a ciertos ámbitos del Estado. También pueden encontrarse en distintos sectores del sistema político y del debate público. En los últimos años, producto de más de una década de polarización y revanchismos, ganaron visibilidad los discursos más radicalizados, en los que la descalificación del adversario tiende a ocupar el centro de la escena. En los cuales se recupera la noción de la dictadura de exterminar al “enemigo interno” que es el responsable de todos los males de la nación. Y otras tradiciones políticas de carácter autoritario, se apela más a la emoción que a la razón, y se apela al miedo a “regresar al pasado” o al odio a “los otros”.

En forma creciente, algunos los discursos toleran o relativizan la violencia ejercida contra el otro y se consideran asimismo como los redentores de Argentina. Episodios recientes reflejan lo dicho: muchos festejaron el intento de asesinato Cristina Kirchner, cuando era Vicepresidente de la Nación, o como un puntero le rompió la cabeza a un diputado libertario en Tucumán cuando este pretendía mostrar las inundaciones o cuando un intendente del Pro desaloja a personas en situación de calle y celebra como si fueran el cáncer del país y no seres humanos. Además, que, dentro de los discursos de algunos actores políticos, ya con claros tintes antidemocráticos, se deshumaniza a ciertos grupos como los periodistas, los jubilados, desempleados y las personas con cáncer e incluso se los presenta como responsables de los problemas colectivos. Esta retorica debilita el debate y la convivencia democrática.

Independientemente de la posición ideológica de cada uno, una sociedad democrática no puede aceptar que la violencia física o la deshumanización se conviertan en formas legítima de hacer política. La Argentina no puede salvarse mediante crímenes ni salvajismo, citando al Fiscal Strassera: “hemos tratado de buscar la paz por la vía de la violencia y el exterminio del adversario y fracasamos”. Ninguna comunidad política pudo, puede o podrá construirse sobre la base del salvajismo y sadismo sino sobre el respeto irrestricto a la dignidad humana.

Hace medio siglo una dictadura pretendió revitalizar a la nación mediante el exterminio de sus propios compatriotas, pero esa nación termino hundida en el terror, arruinada económicamente, derrotada militarmente y con familias atravesadas por el dolor de la guerra o la desaparición forzada de sus familiares. ¿La democracia cumplió con todas sus promesas? No. Pero no podemos intentar replicar recetas sádicas que terminaron por provocar más sufrimiento a la Argentina.

Guillermo Fernández es un politólogo graduado de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, se desempeña en el Honorable Concejo Deliberante de Pilar. Cuenta con una formación técnica especializada como diplomado en Gestión Legislativa por el Senado de la Nación. A su vez, ha publicado diversos artículos de análisis sobre temas parlamentarios en medios como Parlamentario.com.