¿Cuándo y dónde llegarán? Incendios forestales en la Patagonia Argentina.

Por Reim Ana y María Azul Igarzabal.

Cada enero, las olas de calor en la Argentina se vuelven moneda corriente. Ya no sorprende alcanzar temperaturas récord; en el mejor de los casos nos limitamos a combatir la situación con algún aire acondicionado, si es que se logra acceder a ello. En la Patagonia el escenario se complejiza por una sequía estructural de varias temporadas e inviernos sin nevadas. La región comienza a registrar calores insospechados. 

Es 5 de enero de 2026 y hace mucho calor, el día es ideal para disfrutar de una jornada de playa en Puerto Patriada, uno de los puntos turísticos de mayor concentración en el Lago Epuyén, dentro de la comarca andina del Paralelo 42 en la Patagonia Argentina. Las playas están abarrotadas de gente, familias, mascotas, niños y adultos mayores; parece un día soñado. Alrededor de las 15.00 horas comienza a circular una alerta de incendio. La postal se turba rápidamente, la preocupación se instala y entre camionetas, carpas a medio desarmar, reposeras y heladeritas la gente quiere salir de la zona lo más rápido posible. Lo que la mayoría no sabe es que ya se había sobrepasado la capacidad de los balnearios. Para colmo, el ingreso al complejo es a través de una única vía: 10km de ripio en mal estado y con una estrecha mano hasta llegar al puente del Salamin, que da a la ruta 40. Sin protocolos claros para semejante masa de gente, el riesgo es extremo: un solo árbol caído anularía la salida.  

Es medianoche, comienza la evacuación, que es descoordinada, la gente entra en pánico y quiere salir. Nadie sabe bien el tamaño del foco, tampoco que lo produjo. Pero todos desean estar lejos pronto. Todos, en el mismo momento, salen por la misma vía, que además, los acerca al fuego. 

Hay algo raro esta vez, el fuego llegó el 5 de enero, no se pudo ni dar comienzo a la temporada. Cada año se adelanta más. Para los habitantes de la zona, quienes en su mayoría viven directa o indirectamente del turismo, la pregunta ha dejado de ser (ya hace varios años) si llegará el fuego o no. La pregunta es cuándo y dónde. El cuando determina si serán capaces de vivir en temporada baja con lo producido durante el tiempo de tregua que haya dado el fuego antes de llegar durante el verano. El dónde; a qué amigo, familiar o vecino le tocará perderlo todo esta vez. 

En la comarca, la economía es diferente. En los centros turísticos como Bariloche o San Martín de los Andes la temporada es casi durante todo el año; si no es el calor, es la nieve con el turismo extranjero, y en el peor de los casos, siempre estarán los estudiantes. En cambio, para los pueblos de la comarca, el desarrollo turístico se da principalmente durante el verano. El funcionamiento de los circuitos de refugios de montaña, que se han popularizado en los últimos 10 años de forma exponencial; y sin planificación que los acompañe, es durante el verano. 

Todo parece ser parte de un mismo fenómeno: no hay nieve, no hay agua, hay fuego. Las consecuencias son claras: pérdida de biodiversidad, de bosque nativo, caída de la actividad económica, familias sin hogar, animales que mueren. Sin embargo, las respuestas no aparecen con la misma claridad. 

De la “Temporada” al riesgo permanente

Según reportes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), en nuestro país se han quemado aproximadamente 2.000.000 hectáreas desde noviembre de 2021. Lo sucedido cada verano dejó de ser una noticia de temporada para convertirse en un problema estructural. Si bien los incendios forestales son fenómenos de larga data en la Patagonia, su intensificación nos obliga a mirar más allá del fuego y analizar las fallas en la gestión del riesgo y la tensión de intereses sobre el territorio. Históricamente, la política de manejo de fuego era estacional. Sin embargo, el cambio climático rompió esa previsibilidad; ya no nos enfrentamos a incendios convencionales, sino a los denominados “mega-incendios” o incendios de sexta generación. Estos incendios son aquellos que modifican las condiciones meteorológicas de la zona afectada y tienen un comportamiento tan impredecible que imposibilitan su extinción con las herramientas y recursos convencionales. 

Jorge Bonansea, especialista en incendios forestales y recientemente jubilado director de Protección Civil de Epuyén (gestión hasta 2026), señala que, las variables climáticas de la última década muestran una alarmante tendencia: las temperaturas medias van en aumento, la brecha entre las mínimas y las máximas se reduce de forma drástica, y la región atrasa un déficit hídrico. En este escenario, los inviernos benévolos o las nevadas aisladas no operan como un alivio, sino como un factor de riesgo: la biomasa se acumula y se seca ante la falta de actividades madereras o ganadera tradicionales, transformándose en “alimento” para eventos explosivos. El riesgo pasa así de contingencia estacional a un estado de latencia permanente que exige una reconversión de las capacidades estatales.  

Como consecuencia, una vez iniciado el incendio el comportamiento del fuego se torna más impredecible que hace 10 o 15 años atrás. En palabras de Jorge: “En este contexto, si se produce un incendio, va a ser explosivo y son difíciles de controlar  en el primer ataque. Ya no ocurre que haya un incendio y van brigadas y lo apagan, quedamos un escalón abajo del fuego, nunca lo enfrentamos”. En esta línea, Jorge advierte sobre la falta de comprensión pública respecto al combate de estos incendios. Cuestiona la dependencia exclusiva de los aviones, señalando que, aunque son recursos necesarios, su efectividad es nula bajo condiciones de viento superiores a los 30 o 40 km/h. Con esto, subraya una verdad ineludible: es el brigadista en el terreno quien realmente logra extinguir el fuego. 

La Omisión como Decisión: El Estado y la Constitución de la “Cuestión”

Desde la Ciencia Política, el agravamiento de los incendios forestales en la comarca debe comprenderse a la luz de procesos de construcción de agenda y asignación de responsabilidades estatales. Siguiendo a Oszlak y O'Donnell (1976), un problema no genera intervención por su sola existencia, sino cuando es constituido como una “cuestión socialmente problematizada”. 

El análisis tradicional suele cometer el error de observar la acción positiva del Estado. Sin embargo, consideramos que el espesor conceptual aparece al analizar las "tomas de posición por omisión": la inacción estatal no es un vacío de poder o una simple ausencia institucional; sino una modalidad de resolución de la cuestión. 

El fenómeno del fuego en la Comarca Andina ha conquistado un lugar indiscutible en la agenda pública; la ciudadanía experimenta, debate y otorga relevancia a la problemática. Sin embargo, en la agenda estatal el problema ha ingresado únicamente bajo la modalidad de reacción, fragmentado y reduciéndolo a una sucesión de crisis aisladas, asumiendo una posición de delegar el riesgo de largo plazo. 

Como se desprende de la experiencia de Jorge, los canales reactivos (logística, combatientes, recursos y medios aéreos) están institucionalizados. El déficit político radica a la hora de estructurar políticas de prevención. Datos oficiales permiten inferir que el presupuesto nacional acumulado para el SNMF entre el año 2021 y 2025 se aproxima a 415 millones de dólares que principalmente han cubierto gastos operativos orientados a controlar incendios una vez declarados, siendo esa la peor forma de invertir los recursos públicos. Esta intermitencia externaliza los costos del desarrollo: los recursos se justifican bajo la urgencia, mientras los fondos de previsión se diluyen, dejando al Estado como eterno combatiente de sus propias omisiones regulatorias. Ante este escenario, la gobernanza del riesgo no puede ser autogestiva; es el Estado quien cuenta con la escala, el poder de policía y los recursos jurídicos y materiales. 

Reconocer que el Estado debe monopolizar los recursos de previsión no implica invisibilizar el valor de la agencia social. La conciencia ambiental de los habitantes, el trabajo comunitario y el compromiso ético de los combatientes constituyen el capital más valioso con el que cuenta el territorio. En regiones donde la geografía y la interfaz disponen distancias críticas, la primera línea de defensa nace de ese compromiso comunitario.

El trabajo de los combatientes representa la máxima expresión de la consciencia encarnada. Su trabajo, muchas veces realizado en condiciones de precariedad institucional, aporta un elemento que el Estado rara vez puede replicar con la misma inmediatez: el conocimiento capilar y sensible del terreno. Este trabajo no solo pone el cuerpo al fuego en la etapa de combate cara a cara; también construye comunidad, teje redes de solidaridad y mantiene viva la memoria institucional de los incendios pasados (los patrones de viento, el comportamiento de las cuencas, las vías de evacuación de los parajes).

El desafío no es anular la fuerza comunitaria, sino articularla. La política pública no es aquella que se diseña ignorando a la comunidad, sino la que capitaliza el saber local y vocación, dotándola de respaldo presupuestario, institucional y legal que solo el poder estatal puede garantizar. 

El laberinto Federal: Fragmentación y Asimetría en los Tres Niveles de Estado 

La organización territorial determina que la gestión del riesgo sea una competencia coordinada; tres niveles estatales, cuyas lógicas, recursos y autonomías no siempre logran el acuerdo. 

En el primer nivel se encuentra el Estado Nacional, encargado de la normativa de presupuestos de protección ambiental y de centralizar el financiamiento y logística. Como se desprende del testimonio de Jorge, en el último incendio del verano de 2026 en la Comarca, la presencia del nivel nacional fue robusta en la fase más crítica de la emergencia, garantizando el despliegue de medios aéreos y recursos operativos. No obstante, desde la perspectiva de las capacidades estatales, la intervención nacional padece un sesgo reactivo: el avión hidrante aparece cuando el humo ya es noticia nacional. 

El segundo nivel corresponde a los Estados provinciales, que poseen, por mandato constitucional, el dominio originario de los recursos naturales. En este eslabón se evidencian las mayores asimetrías. El nudo del problema no radica en una supuesta ausencia de personas calificadas; la región cuenta con cuadros técnicos de excelencia, brigadistas con capacitación internacional y una memoria operativa invaluable. El déficit es la inexistencia de políticas de prevención que institucionalicen y den soporte a ese capital humano. Sin sistemas de información pertinentes, actualizados y vinculantes que sirvan para delinear directrices de manejo de biomasa antes del verano, la burocracia ambiental se vuelve vulnerable a la ineficacia y al desborde material. 

Finalmente, el Estado Municipal es la primera línea de contacto y, paradójicamente, el eslabón con mayores asimetrías de recursos materiales, pero que retiene las potestades regulatorias más críticas para prevenir: la planificación urbana y el ordenamiento territorial local. Es el nivel donde se autorizan los loteos, se asientan las oleadas demográficas y donde se expande de forma desordenada la interfaz urbano-forestal. Cuando las administraciones locales omiten asumir la planificación como política de prevención, transfieren el costo de la inacción a los niveles provincial y nacional en forma de emergencias ingobernables. 

La interfaz urbano-forestal (donde la ciudad crece hacia el bosque) es el resultado de un proceso socioeconómico sin dirección estatal. En las últimas décadas, por la migración interna y la valorización inmobiliaria del "paisaje patagónico", la ciudad avanzó sobre el bosque sin previsión. Las viviendas ya no limitan con la naturaleza; se incrustan en ella. Al no existir códigos de edificación locales que exijan distancias mínimas de desmonte, que hagan las veces de fajas de defensa alrededor de las propiedades, ni regulaciones sobre el uso de materiales ignífugos en techos y estructuras, el diseño urbano se torna problemático. Cuando el fuego llega a estas áreas, la dinámica del incendio cambia por completo de escala. Ya no se trata de un frente forestal homogéneo; sino en un escenario caótico donde el fuego salta de la copa de un árbol a las viviendas en cuestión de minutos.

Frente a este diagnóstico, los municipios lograron romper la inercia del aislamiento a través de un trabajo coordinado. Entendiendo que la Comarca es, en términos ecosistémicos y sociales, una sola unidad. Las administraciones locales consiguieron trascender las fronteras políticas e incluso ideológicas para articular respuestas en común. Este hito de trabajo demuestra que la gestión del riesgo puede construir esquemas de gobernanza horizontal de abajo hacia arriba. No obstante, este consenso para el control de la emergencia encuentra sus límites cuando la política pública debe pasar de la reacción a la previsión, y es allí donde el territorio se devela en toda su magnitud como una arena de disputa.

El territorio como arena de conflicto: Intereses turísticos, Lógicas de Interfaz y la Jerarquía del Riesgo

La gobernanza del riesgo ambiental colisiona con las dinámicas de desarrollo económico local, principalmente el turismo. Existe una fuerte resistencia sectorial a suspender actividades recreativas en contextos de amenaza latente, lo que se traduce en una falta de criterios unificados entre los municipios. 

El caso de la clausura de los accesos a la Laguna Las Mercedes, dispuesta por Jorge desde la dirección de protección civil de Epuyén y bajo objeciones del sector turístico, ilustra el choque de lógicas. La decisión se fundó en un diagnóstico riguroso: la laguna ubicada en la zona del estratégica Coihue (área de transición forestal que conecta los valles de la Comarca), se encontraba comprometida debido a su proximidad a los focos activos, el encajonamiento topográfico de su cuenca y la densidad de vegetación nativa funcionaba como un polvorín de biomasa disponible. 

Para Jorge, si la falta de uniformidad institucional cuesta una sola vida, sea combatiente, trabajador de emergencia o turista, todo el sistema de respuesta posterior se consolida como fracaso. Para superar el deslizamiento de las administraciones locales, se debe unificar la política de previsión y reacción, adoptando un lema ético y operativo como norma rectora e innegociable; primero la vida, en segundo lugar las personas y la infraestructura habitacional, y finalmente el bosque. 

El territorio no es un mero escenario de consumo; la tierra, los animales y los bosques constituyen el tejido mismo de la identidad y el sustento local. La destrucción se vivencia como un trauma social colectivo y una pérdida irreparable en la coexistencia de la comunidad.

El recorrido por la gestión del riesgo revela que la persistencia del fuego no es solo una fatalidad de la naturaleza, sino el resultado de fallas de articulación institucional y resultado de un Estado que ingresa al territorio bajo la modalidad de reacción. El hito de coordinación municipal demuestra la capacidad operativa para el combate, pero esa voluntad necesita marcos normativos que ordenen el crecimiento de la interfaz urbano-forestal antes de que el humo sea noticia. 

La crisis climática actual impone un límite material, que continuará agravándose año a año; sin un control estricto y centralizado en la prevención, la escala y violencia que escalará hacia catástrofes mayores. Cuando el bosque arde, el costo social, el colapso de servicios básicos, el trauma comunitario y la degradación ecológica no discrimina jurisdicciones, ideologías ni sectores. 

Frente a un futuro hostil, el Estado debe abandonar la inercia reactiva. Como señala la experiencia de Jorge, la adaptación a este nuevo paradigma climático demanda de manera urgente considerar e incorporar nuevas técnicas de manejo del fuego y gestión del territorio. Este cambio de enfoque parte de una premisa de crudo realismo: el combate nunca es del todo total ni infalible frente a la furia de la naturaleza, pero una prevención estructural y sistemática es lo único que garantiza que el escenario no se vuelva completamente ingobernable. Es, además, la herramienta fundamental para resguardar y valorar de forma efectiva la vida de quienes combaten cara a cara contra el fuego, reduciendo su exposición al peligro extremo en la línea de defensa. 

Solo anteponiendo la planificación técnica, la innovación operativa y el cuidado de la comunidad a las urgencias de la coyuntura será posible trazar un futuro habitable para la región.

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Ana Reim es politóloga por la Universidad de Buenos Aires y maestranda en políticas públicas por la Universidad Torcuato Di Tella. Su interés académico se concentra en Administración y Políticas Públicas y Política Subnacional. Actualmente se desempeña como docente adscripta en la Universidad de Buenos Aires. 

María Azul Igarzabal es Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Forma parte de Minka Centro Comunitario y se desempeña como profesional independiente en organizaciones de la sociedad civil. Además es cofundadora de Ágora Argentina. Sus principales áreas de interés son la teoría política y el rol de las organizaciones de la sociedad civil en el espacio público.