¿Haití es un “estado fallido”?

El Estado fallido es un concepto de los ‘90 que mediante casos de estudio como Somalia o Liberia explica porque en un determinado momento colapsó el sistema económico, político e institucional al no poder garantizar ciertas condiciones mínimas de vida a sus ciudadanos. La situación actual de Haití es delicada: ya que se encuentra en una permanente crisis política, con nula ayuda internacional y su capital, Port-au-Prince (Puerto Príncipe) controlada en un 90% por pandillas. En la siguiente nota, se abordará el interrogante de si Haití resulta ser un Estado fallido. 

De la acefalía al gobierno delegado

En los últimos cinco años, Haití pasó por un proceso de fragilidad estatal y de erosión del control territorial. En un contexto de violencia política por el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 a manos de las pandillas y de vacío institucional tras la dimisión del exprimer ministro Ariel Henry en 2024, el CARICOM (Comunidad del Caribe) facilitó negociaciones entre representantes del Ariel Henry y diversos partidos políticos en Jamaica para crear el Consejo Presidencial de Transición (CPT). El CPT fue un gobierno colegiado formalizado mediante un decreto oficial y reconocido por el Secretario General de la ONU, António Guterres (Naciones Unidas, 13 de abril de 2024), con el objetivo de restablecer el orden constitucional, llamar a elecciones generales y la asunción de un nuevo presidente el 7 de febrero de 2026. El CPT está compuesto por nueve miembros (pero hay dos observadores que no tienen derecho a voto) que representan a distintos grupos políticos, conocidos como los “sectores” provenientes de partidos políticos, de la sociedad civil y del empresariado. Dentro del organismo, sus miembros pasan a ejercer una función pública de forma “transitoria” con una presidencia rotativa por períodos establecidos, por ejemplo: Al principio, estuvo Edgard Leblanc Fils (del partido Accord de Montana) y después, vino el Laurent Saint-Cyr (seguros). Por último, el Consejo Presidencial de Transición (CPT) fue disuelto por el exprimer ministro interino Alix Didier Fils‑Aimé (bancario) quien ahora es el nuevo presidente de Haití. Por lo tanto, podemos afirmar que tampoco hubo elecciones presidenciales competitivas.

Antes de la disolución del Consejo Presidencial de Transición (CPT), el contratista estadounidense Erik Prince, en una intención de cooperar ante la debilidad estatal del país caribeño, firmó un acuerdo a diez años a través de su empresa Vectus Global para ayudar a las fuerzas legítimas de Haití a recuperar Port-au-Prince y contribuir financieramente a su economía. Este pacto se produce en un contexto en el cual la capacidad de respuesta de la comunidad internacional se ve limitada, incluso con la presencia de la Fuerza de Represión de las Bandas (GSF), que sustituye a la Misión de Apoyo Multinacional a la Seguridad (MSS) liderada por Kenia, autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y financiada mediante aportes voluntarios de los Estados miembros.

Del Leviatán al Estado fallido

En 1651, el filósofo Thomas Hobbes escribió el libro Leviatán posterior al estallido que enfrentó a los realistas -partidarios del Rey Jacobo I de Inglaterra- y sus aliados presbiterianos escoceses contra el Parlamento, liderado por Oliver Cromwell. Tras la victoria de Cromwell en la Batalla de Preston, el rey es ejecutado y se establece la Mancomunidad de Inglaterra (1649-1653), la única era republicana del país rompiendo con la monarquía que además de una forma de gobierno es un símbolo fundamental del Reino Unido. Frente a este escenario, la figura mitológica del Leviatán como soberano absoluto viene a garantizar paz y seguridad mediante un contrato social, en el cual los individuos transfieren su propio poder para evitar la guerra de todos contra todos. Desde la perspectiva hobbesiana, si el soberano no logra garantizar paz y seguridad la teoría queda anulada, pasando al estado de naturaleza o guerra de todos contra todos donde los humanos, impulsados por el miedo y el interés propio sin un soberano absoluto que los controle, pasan a vivir en el caos total.

Dentro de los conceptos más contemporáneos, se encuentra la definición elaborada por el padre de la Sociología, Max Weber quien sostiene que el Estado es una organización que detenta para sí el monopolio de la fuerza física legítima, es decir, que existe un sistema estructurado que tiene la potestad de aplicar la fuerza física sobre cualquier situación porque está reconocida o avalada por otras personas. Hobbes y Weber sistematizaron y definieron el concepto de “Estado”, pero a principios de los ‘90, Gerald B. Helman (1932-2020) y Steven R. Ratner publicaron Saving Failed States donde explicaban el término de Estado fallido en la prestigiosa revista Foreign Policy. Ambos autores escribieron en un contexto posterior a la Guerra Fría e identificaron el colapso estatal: en Somalia y Liberia, y plantearon cómo se debe abordar ese problema desde el multilateralismo. Esta discusión fue profundizada posteriormente por distintos académicos como Derick Brinkerhoff en 2005 y el politólogo argentino Andrés Malamud en 2016. Ambos autores coinciden en tres características sobre el Estado fallido: “la ruptura de la ley y el orden producida cuando las instituciones estatales pierden el monopolio del uso legítimo de la fuerza y se tornan incapaces de proteger a sus ciudadanos (o, peor aún, son utilizadas para oprimirlos y aterrorizarlos); la escasa o nula capacidad para responder a las necesidades y deseos de sus ciudadanos, proveer servicios públicos básicos y asegurar las condiciones mínimas de bienestar y de funcionamiento de la actividad económica normal; en la arena internacional, la ausencia de una entidad creíble que representa al estado más allá de sus fronteras”.

La seguridad como función delegada

En base a los autores citados anteriormente, un Estado fallido posee tres características: En primer lugar, la pérdida del uso legítimo de la fuerza; En segundo lugar, la escasa o nula capacidad para responder a las necesidades y deseos de sus ciudadanos; Por último, la ausencia de una entidad creíble que representa al estado más allá de sus fronteras. En Haití, ante la fragilidad estatal Puerto Príncipe quedó sometida al control del 90% de las pandillas, además del Consejo Presidencial de Transición (CPT) buscando apoyo externo internalizando el conflicto y delegando la seguridad en la Misión de Apoyo Multinacional a la Seguridad (MSS), liderada por Kenia. En la actualidad, con la asunción de Alix Didier Fils‑Aimé la prioridad es recuperar la capital haitiana y lograr la estabilización macroeconómica. En este caso, la participación de actores externos privados, como Erik Prince y su empresa de seguridad Vectus Global, ¿serán un obstáculo o realmente resolverán el conflicto en el país? ¿Estamos ante una nueva forma de concepción dual entre Estado y sector privado como una nueva forma de gobernar? Entonces, podemos concluir que Haití es en parte un Estado fallido porque aún no se restableció la paz y seguridad en el país frente a la influencia de las pandillas ni hay un control efectivo de los bienes públicos para asegurar las condiciones mínimas de bienestar, al igual que la existencia de actores armados y corporativos que imposibilitan la posesión del monopolio de la fuerza física por parte del Estado.

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Mateo Acosta es diplomado por el Instituto Nacional Sanmartiniano y estudiante de la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Su área de interés académico se centra en las Relaciones Internacionales. Milita activamente en la Coalición Cívica ARI.