Las causas del subdesarrollo argentino

por Santiago Nicolás Caínzos, Mateo Silva Argüello y Franco Chirichella

Citaremos a la doctora Patricia Bullrich para preguntarnos: ¿Por qué la Argentina tiene todo y los argentinos no tenemos nada? Muchos podrán adherir a la ya conocida teoría de los cuellos de botella que generan un desequilibrio en la balanza de pagos. Otros dirán que este fenómeno obedece a problemas estrictamente monetarios. Unos señalarán la falta de Estado, otros su excesiva existencia. A su vez, habrá sectores que responsabilizarán al carácter capitalista del Estado. Por otro lado, muchos entenderán las crisis económicas como fenómenos predominantemente políticos: ya sea por la imposibilidad de los actores institucionales de alcanzar acuerdos y generar previsibilidad en sus políticas, o bien porque “la casta” busca perpetuarse en el poder a través de la implementación de políticas redistributivas en pos de la llamada justicia social.

Los recientes ganadores del premio Nobel de Economía, Robinson y Acemoglú, en su libro “Why Nations Fail” (2012), exponen que los países subdesarrollados fracasan económicamente a causa de instituciones extractivas. Las mismas son denominadas por los autores como “instituciones económicas diseñadas por élites para enriquecerse y perpetuar su poder a costa de la vasta mayoría de las personas de la sociedad”. Asimismo, agregan que “las instituciones extractivas siempre desencadenan en un círculo vicioso”.

Si el lector es conocedor de la realidad política argentina, podrá identificar múltiples instituciones extractivas en nuestra sociedad. Sin embargo, nuestro argumento se basa en que la existencia de dichas instituciones se encuentran en la genesis misma del Estado nacional.

Una nación para el desierto argentino

“Una nación para el desierto argentino”, tituló Halperín Donghi al prólogo de su libro “Proyecto y construcción de una nación”, dando cuenta de la inexistencia de una sociedad civil que antecedió a la instauración de un orden político. A diferencia de ciertos países europeos, en donde se constituyó una clase burguesa hegemónica cuyo poder político se vería consolidado dado el éxito de las revoluciones burguesas, en el entonces Virreinato del Río de la Plata el proceso fue inverso. En consecuencia, la consolidación del Estado fue meramente “desde arriba”.

La famosa “generación del 37”, cuyos máximos exponentes fueron Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento, soñaba con la centralización del poder político. Sin embargo, en palabras de Oszlak, la herencia político-administrativa del orden colonial era el único elemento aglutinante de los diversos territorios dominados por caudillos. La cuestión era cómo generar mecanismos de distribución de recursos e incentivos en pos de que la creación del Estado nacional traiga más beneficios que costos para las élites locales. Debía pensarse una constitución “extractiva” que beneficiara política y económicamente a las élites provinciales. Ahora bien, ¿por qué triunfó la centralización del poder político? Porque dichos caudillos estaban dispuestos a disputarle el poder político al régimen rosista, dado que, si bien sus realidades eran sumamente disímiles, poseían un objetivo común: la abolición de aduanas internas y la libre navegación marítima. En el Acuerdo de San Nicolás se definió la organización del territorio nacional con un marcado protagonismo de las provincias, lo cual se vería luego consolidado en la Constitución de 1853, que les otorgó un rol político preponderante.

La creación de una burguesía “desde arriba”

La centralización del poder político puso orden a una realidad atomizada y desordenada, sin contrariar los intereses locales. Hasta la década de 1920, si bien hubo un incipiente desarrollo industrial ligado al sector agropecuario, no se consolidó una clase burguesa industrial, sino que la burguesía pampeana y sus prolongaciones financieras y mercantiles en las áreas urbanas constituían una parte mayoritaria de la economía argentina. Estos sectores estaban fuertemente ligados al mercado internacional. Sin embargo, esto cambió notoriamente con el proceso industrializador que comienza en la llamada “Década Infame” y llega a su punto cúlmine con el primer gobierno de Juan Domingo Perón.

Carlos Waisman, reconocido sociólogo argentino, indicará que, si bien la Argentina y el resto de los países “nuevos” del siglo XIX, tales como Australia y Canadá, tenían trayectorias similares hasta la crisis económica mundial del año 1929, fue luego de la posguerra que el intento de los gobiernos argentinos de implementar una política industrializadora supuso una inversión en el desarrollo argentino. Este esfuerzo estatal en pos de la industrialización se debió al temor de las élites al comunismo, lo que desembocó en regímenes con rasgos autoritarios y corporativistas. Sin lugar a dudas, según Waisman, la política económica industrializadora del peronismo sería un ejemplo de las instituciones extractivas a las que se refieren Robinson y Acemoglú, dado que los planes quinquenales peronistas fueron motivados por los intereses de las élites políticas y supeditaron a la República Argentina a una situación de subdesarrollo económico (y rupturas democráticas).

La instauración por parte del peronismo de una clase burguesa industrializadora “desde arriba” creará tensiones políticas que continúan sin resolverse hasta la actualidad. Según Guillermo O'Donnell, la modernización del capitalismo argentino se vería impulsada por una alianza entre la burguesía pampeana y la burguesía industrializadora en pos de superar la situación de los déficits en la balanza de pagos. Sin embargo, la burguesía se encuentra dividida en dos campos políticos contrarios: la alianza defensiva y la alianza ofensiva. Mientras que la primera es una alianza policlasista de sectores populares y la burguesía nacional industrializada, la segunda representa a los sectores agropecuarios. Estas dos alianzas son estructuralmente interdependientes y dan lugar a un movimiento pendular en la política económica argentina: la alianza defensiva impulsa fases de expansión del mercado interno y distribución progresiva del ingreso que tienen por consecuencia una crisis en la balanza de pagos. Por otro lado, la alianza ofensiva promueve políticas de estabilización y apertura externa, que alivian temporalmente los desequilibrios macroeconómicos, pero generan conflictividad social y recesión. De esta manera, ninguna de las dos alianzas consolidará su hegemonía, y la clase política tenderá a implementar instituciones extractivas que sustenten su gobernabilidad, pero que nunca tendrán por consecuencia la reducción de estas tensiones.

La clave del ejecutivo argentino para mantener su gobernabilidad

En la actualidad, las provincias continúan siendo un fuerte actor de veto para el Ejecutivo nacional. Si bien durante el proceso de construcción estatal no existía una burguesía consolidada, lo que sí existían eran élites locales que debían ser retribuidas política y económicamente. Como mencionamos anteriormente, dicha situación continúa hasta el día de hoy.

La Ley 23.548 de coparticipación nacional garantiza a las provincias un sistema de reparto automático de recursos recaudados por Nación. A esto se suman las transferencias nacionales de recursos afectados, aquellas leyes que estipulan una transferencia por parte de Nación a ciertas provincias, y las transferencias nacionales discrecionales. Estas últimas serán una herramienta política que utilizará el Ejecutivo para negociar con los líderes provinciales, dado que son quienes controlan ambas cámaras legislativa.

El sistema federal argentino, desde su aspecto formal e informal, redunda en la maximización de los beneficios para las élites provinciales. La manera de sancionar leyes parte de una lógica extractiva. Hasta no cambiar dichas instituciones, se continuarán avalando y sancionando más instituciones extractivas que generarán gobernabilidad a costa de desigualdades y subdesarrollo.

En resumen, la inexistencia de una sociedad civil previa a la creación del orden político tendrá por consecuencia la creación de una burguesía industrial “desde arriba”. Dicha situación inauguró un ciclo político en el cual cada gobierno implementa políticas públicas que vayan en beneficio de ciertos sectores y en detrimento del resto de la sociedad, generando así gobernabilidad. Una de las élites que siempre tendrá que retribuir serán las élites provinciales, las cuales, a fin de cuentas, eran los actores centrales en la etapa anterior a la sanción de la Constitución Nacional de 1853. De esta manera, en la República Argentina priman las instituciones extractivas.

Javier Milei: ¿Continuidad o ruptura?

Milei se presenta bajo la lógica de reconstrucción, realizando una fuerte denuncia al orden ya preestablecido, el cual se encarna en la figura de “la casta”. Su denuncia no es solo un recurso del tipo discursivo, sino que es el núcleo central de su estrategia política.

¿Cómo funciona la lógica de las instituciones extractivas en el ideario libertario? En la lógica de Milei, cualquier política económica que implique la expansión de la masa monetaria se volverá un círculo vicioso que nos llevaría al “socialismo”. Dado el egoísmo inherente al humano, las élites políticas nunca podrán cumplir responsabilidades fiscales y caerán en el gasto indiscriminado en pos de perpetuarse en el poder.

Si bien Milei dice romper con la lógica extractiva, sostenemos lo contrario. La política económica del “dólar barato” es la misma receta cortoplacista que múltiples gobiernos argentinos han implementado para tener gobernabilidad, y luego para ganar las elecciones (a los cuales Milei se ha opuesto rotundamente). El gobierno de Javier Milei no deja de caer en la paradoja populista expuesta por Gerchunoff, Rapetti y De León: preferirá un tipo de cambio real de equilibrio social por sobre el tipo de cambio real del equilibrio macroeconómico. Sin embargo, desde la perspectiva de dichos autores, hasta que no se resuelva el conflicto por la puja distributiva estructural, es decir, hasta que no haya un alineamiento entre la alianza ofensiva, la alianza defensiva y las políticas gubernamentales, la República Argentina estará condenada al subdesarrollo.

Milei asocia al Estado con un obstáculo para el desarrollo, confundiendo las instituciones económicas extractivas con el Estado en sí. Si todo lo estatal “es un curro” o es indeseable, no permite revisar en qué áreas es necesario que lo estatal se involucre. En este punto aparece la paradoja: la búsqueda de eliminar instituciones extractivas termina generando recortes que afectan a instituciones inclusivas, es decir, aquellas que amplían derechos, generan movilidad social o garantizan acceso a servicios fundamentales para los sectores más vulnerables. El desfinanciamiento del Garrahan o de las universidades públicas no golpea a los sectores privilegiados del poder, sino a la sociedad en su totalidad.

Sin embargo, esta ambición choca con una contradicción fundamental: ninguna de las grandes potencias contemporáneas alcanzó ese estatus dejando de lado al Estado. Pasa por alto que todas las potencias combinan mercado con políticas activas para fortalecer sectores estratégicos, tanto sea la burguesía industrial como la burguesía agropecuaria.

A lo largo del tiempo, las naciones que lograron consolidar una posición sólida en el escenario internacional lo hicieron apostando por un modelo de desarrollo basado en la autonomía en áreas clave, la consolidación de capacidades propias y una visión de largo plazo que prioriza el interés nacional. Estas sociedades fortalecieron sus instituciones educativas, invirtieron de forma sostenida en conocimiento y tecnología, y promovieron estructuras que les permitieran tomar decisiones con mayor independencia frente a las dinámicas globales. En contraste, el actual proceso de desfinanciamiento de universidades y desmantelamiento de instrumentos de apoyo al desarrollo local pone en riesgo no solo la formación de talentos, sino también limita la soberanía. La apertura indiscriminada y la dependencia creciente de actores externos debilitan los márgenes de maniobra del país, un rol de subordinado, centrado en la exportación de recursos naturales sin capacidad real de incidencia en los eslabones más dinámicos y rentables de la economía global.

Las instituciones extractivas siguen haciéndose presentes en los tiempos que corren. Inclusive, en la retórica de Milei, que venía a cambiarlo todo, siguen sopesándose este tipo de instituciones. Esto permite evidenciar que las instituciones extractivas pueden cambiar con el tiempo y no siempre ser las mismas. Si un problema de los gobiernos de corte “nacional y popular” era la emisión indiscriminada y la expansión del gasto público con el fin de alcanzar un equilibrio social, el gobierno de Milei continúa con la lógica populista tomando deuda y estableciendo un dólar barato. Por ello, es importante destacar que las instituciones extractivas no tienen ideología, y pueden darse en gobiernos de distintos signos, modificando las apariencias, pero conservando la lógica de fondo: favorecer a las élites a costa de la vasta mayoría de la sociedad.

¡Responde ésta nota!

________________________________________________

Santiago Nicolás Caínzos es estudiante avanzado de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Milita activamente en la Coalición Cívica y actualmente se encuentra realizando una pasantía en investigación en la organización Civic Compass. Es cofundador de Ágora Argentina.

Mateo Silva Argüello es estudiante avanzado de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente trabaja en el Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.