Mucho más que “rocas congeladas”: el modelo de país detrás de los glaciares. -

Ana Sofía Izurieta

En Argentina, la política ambiental rara vez se reduce a una discusión técnica. Lejos de tratarse únicamente de diagnósticos científicos o consensos sobre sustentabilidad, suele ser el escenario de disputas profundas entre intereses económicos, decisiones políticas y demandas sociales. La historia de la Ley de Glaciares es, en ese sentido, un caso paradigmático que permite observar cómo se construyen (y se condicionan) las políticas públicas en contextos de alta conflictividad.

En 2008, el Congreso de la Nación sancionó una primera versión de la ley destinada a proteger los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce. Sin embargo, esa norma fue vetada por el Poder Ejecutivo nacional durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, en medio de fuertes tensiones entre provincias cordilleranas, empresas mineras y organizaciones ambientalistas. El argumento formal se centró en la necesidad de mayor precisión técnica y en la defensa de las autonomías provinciales sobre los recursos naturales. No obstante, interpretar el conflicto únicamente en esos términos implica desconocer la trama de intereses que atravesaba el debate. La presión de actores vinculados a la actividad minera, especialmente en provincias cordilleranas, resultó determinante para comprender el desenlace.

Lo que estaba en juego no era solo una regulación ambiental, sino la capacidad del Estado de establecer límites a actividades económicas estratégicas. La minería a gran escala, con fuerte presencia de capitales internacionales, se posiciona como un motor de desarrollo para muchas provincias, al tiempo que generaba crecientes cuestionamientos por sus impactos ambientales. En ese contexto, los glaciares adquirían un valor central: no solo como ecosistemas a preservar, sino como reservas de agua dulce en un escenario global de creciente escasez.

La tensión entre Nación y provincias fue uno de los ejes centrales del conflicto. La Constitución Nacional reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las provincias, lo que les otorga un rol clave en la gestión de sus territorios. Sin embargo, cuando se trata de bienes estratégicos como el agua, cuya preservación excede los límites jurisdiccionales, la intervención del Estado nacional se vuelve inevitable. La Ley de Glaciares puso en evidencia esta contradicción estructural del federalismo argentino: ¿cómo articular intereses locales con la protección de bienes comunes de alcance nacional e incluso global?

Lejos de clausurar el debate, el veto abrió una nueva etapa de conflictividad. Organizaciones ambientalistas, sectores académicos y amplios sectores de la sociedad civil comenzaron a movilizarse para exigir una nueva legislación. La visibilización del problema creció y la discusión sobre el modelo de desarrollo comenzó a ocupar un lugar más central en la agenda pública. En 2010, luego de intensos debates, el Congreso sancionó una nueva versión de la ley, que finalmente entró en vigencia.

Este proceso es fundamental para entender la naturaleza de la política ambiental en Argentina. La sanción de la ley no fue el resultado de un consenso técnico ni de una decisión unilateral del poder político, sino de un conflicto abierto en el que distintos actores disputaron sentido, legitimidad e intereses. La sociedad civil organizada desempeñó un rol clave, demostrando que la presión social puede incidir en la toma de decisiones incluso frente a actores económicos de gran peso.

Sin embargo, la sanción de la ley no resolvió todas las tensiones. Su implementación estuvo atravesada por resistencias, judicializaciones y dificultades en la realización del inventario nacional de glaciares, herramienta fundamental para su aplicación efectiva. Esto pone en evidencia uno de los principales desafíos de las políticas públicas en Argentina: la distancia entre la norma y su cumplimiento. Las leyes pueden ser el resultado de grandes consensos o de intensos conflictos, pero su eficacia depende de la capacidad del Estado para implementarlas y sostenerlas en el tiempo.

A más de una década de su sanción, la Ley de Glaciares volvió a ubicarse en el centro de la discusión política. En 2025, el gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto para modificarla y en 2026 logró su aprobación. La reforma redujo áreas protegidas, amplió el margen de decisión de las provincias y flexibilizó restricciones para actividades extractivas en zonas previamente alcanzadas por la normativa original.

Pero la discusión excede el contenido técnico de la reforma. Lo que aparece detrás es una concepción específica del país y del rol del Estado. El gobierno de Milei plantea un modelo donde la explotación de recursos naturales ocupa un lugar central en la estrategia de crecimiento económico, con una menor intervención estatal y una fuerte apertura a inversiones privadas y capitales internacionales. Bajo esa lógica, regulaciones ambientales como la Ley de Glaciares pasan a ser vistas no como mecanismos de protección estratégica, sino como obstáculos para el desarrollo económico y la competitividad.

El conflicto volvió a exponer una tensión histórica de la política argentina: cada vez que el ambientalismo logra ingresar de manera contundente en la agenda pública, emergen rápidamente presiones para limitarlo, relativizarlo o subordinarlo a prioridades económicas. Ocurrió durante el conflicto original de la ley y vuelve a ocurrir hoy, aunque bajo discursos y gobiernos distintos. Más allá de las diferencias ideológicas entre oficialismos, existe una constante: cuando las políticas ambientales comienzan a afectar intereses económicos concentrados, la discusión deja de ser puramente ecológica y se convierte en una disputa por el poder y el dominio real.

En ese marco, también resultó significativa la reacción social frente a la reforma. Más de 100.000 personas se inscribieron para participar en las instancias previas de debate, en una de las mayores expresiones de participación ciudadana en materia ambiental en Argentina. Sin embargo, gran parte de esas voces tuvo una participación limitada dentro del proceso. La reforma avanzó igual(indistintamente), evidenciando tensiones no solo en la política ambiental, sino también en la forma en que se construyen los consensos democráticos.

La historia de la Ley de Glaciares deja ,una enseñanza más profunda que la discusión específica sobre minería y la preservación ambiental. Muestra que los bienes comunes (y especialmente el agua) se han convertido en recursos estratégicos en disputa. En un contexto global de crisis climática, definir qué se protege y qué se explota implica discutir soberanía, modelo de desarrollo y capacidad de decisión colectiva.

En ese sentido, el recorrido de la ley, desde el veto de 2008 hasta la reforma de 2026, evidencia que la política ambiental en Argentina nunca fue un terreno neutral. Cambian los gobiernos, cambian los discursos y cambian las formas, pero persiste una tensión estructural entre la protección de bienes comunes y las presiones de modelos económicos basados en la extracción intensiva de recursos naturales. La pregunta de fondo sigue siendo la misma: si el país está dispuesto a pensar sus recursos estratégicos como patrimonio colectivo a preservar o únicamente como activos económicos a explotar.

Porque, en última instancia, la disputa por los glaciares no habla solamente de hielo, minería o montañas. Habla de quién decide el futuro de los territorios soberanos, en función de qué intereses y con qué idea de país.

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Ana Sofía Izurieta es politóloga por la UBA e investigadora UBACyT sobre integración socio-urbana con enfoque en cuidados. Ha trabajado en proyectos vinculados a políticas públicas, ambiente y desarrollo territorial junto a organizaciones internacionales como UNESCO e instituciones académicas. Actualmente coordina espacios de formación sobre cambio climático y gestión pública, y participa en actividades comunitarias en barrios populares y hogares de niñez.