Vínculos transnacionales, daños locales: el narcotráfico y la crisis institucional en Argentina

por María Pilar Sakson

1. Introducción 

La República Argentina enfrenta uno de los desafíos más complejos de su historia contemporánea: el avance del narcotráfico y su implicación en las estructuras sociales, económicas e institucionales del país. Lo que durante décadas fue percibido como un problema ajeno, relegado a la condición de “país de tránsito” se ha transformado en una crisis de seguridad interna y soberanía (Sampo, s.f) La mutación del fenómeno, que hoy incluye no sólo el tránsito sino también la producción, el acopio, la distribución interna y el lavado de activos a gran escala, ha puesto en jaque la capacidad de respuesta del Estado.  Este fenómeno no es meramente delictivo en el sentido tradicional; se trata de un desafío de crimen transnacional organizado que, por definición, opera más allá de las fronteras nacionales y posee una capacidad económica y logística que supera con gran alcance la de las organizaciones criminales locales del pasado (Souto Zabaleta, Delfino, & Sarti, 2019.) 

La problemática se ha instalado en el centro del debate público, aunque a menudo este se obstaculiza por lo que Souto Zabaleta (2019) define como una notable “ausencia de rigurosidad analítica a la hora de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas”. La respuesta estatal ha tendido a oscilar entre la negación y la histeria punitiva, sin lograr articular una estrategia sostenida, integral y basada en evidencia. En este contexto de respuesta fallida, la penetración del narcotráfico ha continuado su avance, generando no solo un problema de salud pública por el aumento del consumo, sino una profunda crisis de violencia y, crucialmente, una erosión sistémica de la legitimidad y efectividad del Estado. 

La presente investigación parte de una hipótesis central: los vínculos transnacionales con el narcotráfico en Argentina socavan las instituciones, tanto a nivel provincial como nacional, configurando un esquema de crisis a escala nacional. El énfasis de esta crisis, y el foco de este trabajo, se sitúa en el poder judicial y las implicaciones que el narcotráfico tiene en toda la jerarquía judicial, desde las fuerzas policiales de investigación (como la policía provincial o la Dirección de Investigaciones, DDI) y los peritos forenses, hasta los fiscales y jueces de las provincias. 

Sostenemos que la capacidad corrosiva del narcotráfico no se limita a violencia visible o al “narcomenudeo”, sino que su verdadero poder estratégico reside en la naturalización de los mecanismos de control, investigación y sanción del Estado. El crimen organizado transnacional no busca primariamente el enfrentamiento directo con el Estado, sino su cooptación y parasitación (Sampo, s.f). Lo logra mediante la corrupción, la intimidación y la infiltración, convirtiendo a las agencias que deberían combatirlo en facilitadoras, activas o pasivas, de su negocio. La crisis institucional, por tanto, no es un efecto colateral del narcotráfico, sino una condición necesaria para su éxito y expansión a nivel transnacional. 

Para desarrollar esta hipótesis, el ensayo se estructura en varias secciones. Primero se abordará un desarrollo histórico y una genealogía del narcotráfico en Argentina, analizando su anclaje institucional y las características que presentaba en décadas pasadas, basándonos en estudios consolidados como los del Observatorio Argentino de Drogas (OAD, 2007). Segundo, se analizan las transformaciones recientes del fenómeno, identificando los cambios en las rutas, la emergencia de nuevos actores transnacionales y la consolidación de mercados locales, que han reconfigurado el escenario delictivo (Sampo, s.f.; Souto Zabaleta, 2019). Tercero, se examinarán casos concretos que sirven como evidencia empírica de la hipótesis, como la crisis en la ciudad de Rosario y la emergencia estratégica del corredor fluvial del Paraná. Cuarto, se analiza en profundidad el núcleo de la hipótesis: las fallas estructurales en el poder judicial, la policía provincial y los cuerpos de peritos forenses, identificando los obstáculos que impiden una investigación independiente y profesional. Finalmente, se integrarán estos elementos para demostrar cómo los lazos transnacionales erosionan las instituciones locales, seguida de una conclusión que, plantea caminos posibles para la reconstrucción institucional. 

2. Desarrollo Histórico: Genealogía del narcotráfico y su anclaje institucional en Argentina. 

Comprender la crisis actual requiere una perspectiva histórica que permita identificar las raíces del problema y las fallas institucionales que facilitaron su crecimiento. La percepción de Argentina como un país ajeno al problema de las drogas fue una constante durante gran parte del siglo XX. Sin embargo, estudios retrospectivos, como el informe del Observatorio Argentino de Drogas (OAD) del año 2007, ya delineaban un panorama complejo que contradecía la narrativa oficial de ser un mero “país de tránsito”. Este informe es crucial, pues ofrece una radiografía del fenómeno justo antes de su explotación y transformación más reciente, permitiendo establecer una línea de base sobre la cual medir los cambios. 

El estudio del OAD (2007) describe un modelo organizativo de tráfico ilícito que se caracterizaba por una marcada “atomización”. Lejos de los grandes carteles monolíticos al estilo colombiano de los años ochenta, lo que predominaba en Argentina eran organizaciones más pequeñas, de bajo perfil, y en proliferación. Esta estructura atomizada, si bien más difícil de encuadrar en la figura de un “enemigo” claro, ya presentaba enormes desafíos para las fuerzas de seguridad, que se veían superadas por la multiplicidad de actores. El informe, destaca que esta atomización, paradójicamente tornaba las redes “más difíciles de destrabar” en su totalidad, ya que la caída de un grupo era rápidamente compensada por otro (OAD, 2007). 

En cuanto a los actores, el OAD (2007) ya identificaba una cadena de narcotráfico compleja que incluía no solo a los “capitalistas” (los financistas) y “lugartenientes”, sino a toda una gama de roles especializados: “cocineros” (para el procesamiento de pasta base a cocaína), “reclutadores”, “acondicionadores” (de vehículos y cargas), “transportadores” (incluyendo “mulas” y “mochileros”), y “vendedores” locales. Esta diversificación de roles ya evidenciaba dos problemas institucionales crónicos: primero, la “visibilidad de los actores” estaba inversamente relacionada con su jerarquía; las fuerzas de seguridad detenían transportistas y vendedores menores, mientras existía una “falta de acceso a las cúpulas” (OAD, 2007). Segundo, la existencia de “cocinas” y “pisaderos” indicaba que Argentina ya no era solo un lugar de paso, sino que se realizaban procesos de estiramiento y procesamiento de la droga, generando un mercado de precursores químicos y una logística local sofisticada. 

Este panorama delictivo se desarrolló en paralelo a un anclaje institucional muy específico, marcado por la Ley Nº 23.737 de Estupefacientes, sancionada en 1989. Como señala Napiarkovski (2019), esta ley y las políticas públicas derivadas de ella se centraron en un paradigma de “criminalización y estigmas”. El foco de la ley, especialmente en su notoria ambigüedad respecto a la tenencia para consumo personal, orientó el esfuerzo estatal hacia la persecución del consumidor y del pequeño traficante. Este enfoque, además de ser cuestionable desde una perspectiva de salud pública (CONICET, s.f.) tuvo consecuencias institucionales nefastas para el combate al narcotráfico. Al destinar la vasta mayoría de los recursos policiales y judiciales a perseguir el eslabón más débil y visible de la cadena (el narcomenudeo y la tenencia), el Estado argentino renunció, en la práctica, a la investigación del crimen complejo. Se generó un sistema donde las estadísticas de “lucha contra el narcotráfico” se inflan en detenciones menores que no tenían ningún impacto en la estructura económica y logística de las organizaciones (Souto Zabaleta, 2019). Este anclaje institucional punitivo y estigmatizante (Napiorkowski, 2019) creó el caldo de cultivo perfecto para la corrupción. La policía, facultada para perseguir al consumidor, obtuvo un poder discrecional enorme en el territorio, un poder que fácilmente se traduce en extorsión o en la administración de “zonas liberadas” para el tráfico a cambio de sobornos. 

Por lo tanto, la genealogía del problema no es reciente. Se construyó sobre la base de una estructura criminal atomizada pero eficiente (OAD, 2007) y un marco legal e institucional (Ley 23.737) que, bajo una retórica punitiva, en realidad incentivaba un despliegue policial y judicial ineficiente contra el gran tráfico, pero altamente funcional a la corrupción y a la persecución de poblaciones vulnerables (Napiorkowski, 2019). Esta fue la base sobre la cual, en la década siguiente, los actores transnacionales construirían sus operaciones a una escala mucho mayor. 

3. Transformaciones recientes del fenómeno: Rutas, actores transnacionales y mercados locales. 

Si el informe del OAD (2007) describe una situación de atomización y bajo perfil, la década siguiente marcó un punto de inflexión dramático. El narcotráfico en Argentina sufrió una metamorfosis cualitativa y cuantitativa, transitando de un problema de seguridad relevante a una crisis institucional de primer orden. Esta transformación se puede analizar en tres ejes interconectados: la consolidación de Argentina como mercado de consumo y nodo logístico global, la aparición de nuevos actores transnacionales y la reconfiguración de las rutas. 

El cambio más significativo es el que describe Carolina Sampó (s.f) como el paso “del tránsito al consumo”. Argentina, por una combinación de factores geográficos y económicos, se consolidó como “el tercer mercado a escala global para productos ilegales derivados de la hoja de coca” (Sampo, s.f). Este dato no es menor. Dejar de ser solo un “trampolín” hacia Europa o América del Norte implica la creación de un vasto mercado interno. Este mercado interno requiere una red logística de distribución específica, que genera una nueva economía criminal local (“narcomenudeo”) y, con ella, una escalada de violencia por el control territorial de esos mercados. Al mismo tiempo que crecía el mercado local, la posición de Argentina como nodo lógico transnacional se sofisticaba. Souto Zabaleta (2019) señalan la ausencia de controles efectivos y la falta de transparencia en las cadenas logísticas, especialmente en los puertos, como un factor determinante. El país no solo exporta su propia producción (en el caso de la marihuana) o la droga procesada (cocaína), sino que se ha convertido en una plataforma crucial para el acopio y la re-exportacion de la producción andina (Bolivia y Perú), utilizando la vasta infraestructura portuaria y fluvial. 

El segundo eje de transformación son los actores. La “atomización” descrita por el OAD (2007) no desapareció, pero comenzó a convivir, y en muchos casos, a subordinarse a actores transnacionales, con una capacidad de armamentística, logística y financiera incomparablemente mayor. La presencia de organizaciones criminales de origen brasileño (como el Primer Comando Capital- PCC), mexicano, colombiano e incluso la mafia albanesa, ha sido reportada en diversas investigaciones. Estos actores transnacionales no vienen a disputar un puesto de venta en un barrio; vienen a gestionar la logística de exportación de toneladas, a lavar millones de dólares y a asegurar corredores estratégicos. Estos actores transnacionales operan con una lógica diferente. El objetivo es la maximización del beneficio minimizando el riesgo, y la forma más eficiente de hacerlo a través de la cooptación institucional. Su llegada implica la inyección de sumas de dinero en sobornos que desbordan por completo la escala de la corrupción policial tradicional. Ya no se trata de un soborno para “liberar la zona”, sino de pagos sistemáticos para garantizar la operación de un puerto entero, la protección de un líder o la alteración de expedientes judiciales complejos. 

El tercer eje, es la reconfiguración de las rutas. Históricamente, el foco estaba en las fronteras secas del noroeste (Bolivia) y noreste (Paraguay). Si bien estas siguen siendo cruciales, la transformación reciente ha puesto en el centro de la escena al corredor fluvial del Paraná- Paraguay (Sampo, s.f). Esta hidrovía se ha convertido, en la práctica, en una “autopista” para el narcotráfico. Su vasta extensión, la multiplicidad de puertos (muchos de ellos privados y con escaso control estatal) y la dificultad inherente de patrullar un río de ese calibre la convierten en la ruta ideal para el transporte de grandes volúmenes. La droga (principalmente cocaína de Bolivia y Perú, y marihuana de Paraguay) baja por la hidrovía, se acopia en centros urbanos estratégicos a la vera del río (como Rosario) y desde allí se distribuye al mercado interno o se distribuye en contenedores para su exportación a Europa, África y Asia (Souto Zabaleta, 2019). 

Esta transformación (nuevo mercado local, nuevos actores transnacionales y nuevas rutas fluviales) es la que explica la crisis actual. El Estado argentino, con sus instituciones de seguridad y justicia diseñadas para un paradigma anterior -perseguir al consumidor según Napiorkowski (2019) y combatir grupos atomizados, según OAD (2007)- se ha visto absolutamente desbordado. La capacidad de corrupción de las nuevas organizaciones ha encontrado un terreno fértil en instituciones ya debilitadas por la falta de inversión, la precariedad profesional y una cultura de corrupción endémica en algunos sectores. 

4. Casos concretos y la erosión del poder judicial. 

La hipótesis de la erosión institucional por vínculos transnacionales no es una abstracción teórica. Se materializa en territorios específicos y en el colapso funcional de agencias estatales concretas. El análisis de casos paradigmáticos como la ciudad de Rosario y el corredor fluvial del Paraná, junto con el examen de las fallas en la cadena de investigación (policía, peritos, jueces), proporciona la evidencia empírica que sustenta la tesis central de este trabajo. 

4. 1 El caso de Rosario: Epicentro de la crisis. 

La ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, se ha convertido en el sinónimo de la crisis del narcotráfico en Argentina. Sus tasas de homicidios dolosos han alcanzado niveles que superan la media nacional y la sitúan entre las ciudades más violentas de América Latina. Sin embargo, reducir el problema de Rosario a una “guerra de bandas” por narcomenudeo es un error de diagnóstico que ignora la hipótesis central. La violencia en Rosario es la manifestación más visible de su rol como nodo logístico-estratégico para el narcotráfico transnacional (Sampo, s.f.). Rosario combina todos los elementos de la transformación reciente: es un puerto de aguas profundas de primer nivel mundial, situado en el corazón de la hidrovía Paraná- Paraguay, y es un gran centro urbano de barrios populares que proveen mano de obra y mercado para el narcomenudeo (Souto Zabaleta, 2019). Las “bandas” locales (como “Los Monos”) no son carteles transnacionales en sí mismos, sino que actúan como la tercerización de servicios para organizaciones mayores. Proveen la seguridad para el acopio, garantizan la “contaminación” de los contenedores en el puerto y gestionan la violencia necesaria para mantener el control territorial. 

La crisis institucional en Rosario es absoluta. Las investigaciones judiciales han demostrado la connivencia de los altos mandos de la policía provincial de Santa Fe con estas organizaciones. No se trata de casos aislados de corrupción, sino de una integración estructural donde la policía no solo “libera la zona”, sino que participa activamente del negocio, proveyendo armas, información sobre operativos e incluso protección directa a los líderes narco. El poder judicial de Santa Fe, por su parte, se ha visto desbordado. Si bien ha habido esfuerzos notables y fiscales que han logrado condenas importantes , el sistema en su conjunto ha colapsado. La capacidad de intimidación de estas organizaciones es notable, manifestada en balaceras a edificios judiciales y amenazas directas a jueces y fiscales. Más sutil, pero igualmente efectiva, es la capacidad de corrupción. Un sistema judicial con bajos salarios, falta de recursos tecnológicos para peritajes completos (como el análisis financiero o de comunicaciones) y procedimientos burocráticos lentos, es presa fácil para la maquinaria económica del narcotráfico, que puede pegar defensas costosas, sobornos o, simplemente, esperar que las causas prescriban por inacción procesal. 

4. 2 El corredor fluvial del Paraná: Una autopista sin control. 

El caso de Rosario no puede entenderse sin el corredor fluvial del Paraná. Esta hidrovía es la arteria aorta del narcotráfico transnacional en el Cono Sur. Como se mencionó, permite que la producción andina y paraguaya lleguen a los puertos de aguas profundas con una eficiencia logística notable (Sampo, s.f.). La falla institucional aquí es de control y soberanía. El control de la hidrovía recae en múltiples agencias (Prefectura Naval Argentina, Aduana, autoridades portuarias) cuya coordinación es, en el mejor de los casos, deficiente. 

Souto Zabaleta (2019) critica la “falta de transparencia en los puertos y las cadenas logísticas”. La debilidad de los sistemas de inteligencia aduanera, la falta de escáneres suficientes y la existencia de decenas de puertos privados con regímenes de control laxos crean un escenario ideal para el crimen organizado. 

La erosión institucional aquí es evidente: la soberanía estatal sobre una de sus principales vías comerciales está comprometida. Las organizaciones transnacionales han logrado, de facto, privatizar segmentos de la logística de comercio exterior. La investigación de grandes cargamentos que logran ser interceptados (a menudo por información de agencias extranjeras) revela la complicidad de operadores portuarios, transportistas, personal de aduanas y, en ocasiones, de las propias fuerzas de seguridad encargadas del patrullaje. El corredor fluvial es un ejemplo explícito de cómo los vínculos transnacionales (la demanda y logística europea) socavan las instituciones locales de control (Aduana, Prefectura). 

4. 3 El poder judicial, la policía y el peritaje: Obstáculos a la investigación. 

La hipótesis de este trabajo pone el énfasis en la jerarquía judicial. Los casos de Rosario y la hidrovía demuestran que el problema no se resuelve con más policías en la calle, sino con una reingeniería de la capacidad de investigación estatal. Es aquí donde la crisis es más profunda. 

Primero, las policías provinciales (y en ocasiones las federales) y sus divisiones de investigación (DDI) son, en muchos casos, parte del problema y no de la solución. La herencia de la Ley 23.737 (Napiorkowski, 2019) las acostumbró a una “investigación” de baja complejidad (detener consumidores) que fomenta la corrupción. Cuando se enfrentan a organizaciones transnacionales, estas fuerzas carecen de la capacidad técnica, la inteligencia y, fundamentalmente, la integridad para llevar adelante investigaciones complejas. La “falta de acceso a las cúpulas” que denunciaba el OAD (2007) es hoy una política deliberada: las investigaciones policiales se frenan sistemáticamente cuando empiezan a rozar estructuras de poder (político, empresarial o de la propia fuerza). 

Segundo, el rol del perito forense y la investigación científica del delito. La investigación del narcotráfico moderno no se basa en “mulas” o “mochileros” (OAD, 2007), sino en el análisis de comunicaciones encriptadas, el movimiento de precursores químicos, la trazabilidad financiera y el lavado de activos. El poder judicial argentino carece, en gran medida, de cuerpos de peritos independientes, bien financiados y tecnológicamente actualizados para esta tarea. Las investigaciones se empantanan en peritajes que tardan años o que son de tan baja calidad que son fácilmente desestimados en un juicio. Sin un peritaje profesional e independiente, el fiscal no tiene pruebas y el juez no puede condenar. 

Tercero, los jueces y fiscales. Si la policía no investiga con profesionalismo y los peritos no proveen pruebas sólidas, la “crisis judicial” es la consecuencia lógica. A esto se suma la presión directa. En una jurisdicción compleja, un juez provincial debe sopesar asumir investigaciones de alto riesgo frente a organizaciones con capacidad de captura institucional lo que puede implicar riesgos personales y familiares- frente a optar por estrategias procesales más conservadores que reduzcan esa exposición; cuando, además la investigación social resulta deficiente o está instrumentalizada, la pericia forense no logra aportar elementos conclusivos y los magistrados enfrentan obstáculos para obtener sentencias condenatorias efectivas (PROCUNAR, 2024), una dinámica que se enmarca en tendencias internacionales de aumento de la corrupción, la intimidación y la violencia vinculadas al tráfico ilícito de drogas (UNODC, 2024) y que, según evaluaciones regionales y nacionales, se traduce en que son pocos los procesos de lavado de activos derivados del narcotráfico que culminan en condenas efectivas (GAFILAT, 2024), pese a la existencia de causas emblemáticas por narcotráfico que si llevaron a sentencias, por ejemplo, las múltiples condenas contra integrantes del clan “Los Monos”, en Rosario. 

En conclusión, la coexistencia de investigaciones policiales fragmentadas o insuficientes, peritajes forenses débiles y una respuesta judicial con limitaciones técnicas y procesales genera una crisis institucional que facilita la impunidad y dificulta la sanción de las redes complejas de narcotráfico y lavado de activos. En este marco, el concepto de accountability horizontal- tal como lo definió Guillermo O’Donell- alude a los mecanismos de control recíproco entre órganos del Estado (por ejemplo tribunales, organismos de control, fiscalías y legislatura) que permiten detectar, limitar y sancionar desvíos de poder desde dentro del aparato estatal, en contraposición con la accountability vertical (la rendición de cuentas ante la ciudadanía mediante elecciones); cuanto estos controles horizontales son débiles- por competencia interinstitucional, captura política o transgresión de competencias- se reduce la capacidad del sistema para frenar la penetración criminal en las instituciones y para aplicar sanciones efectivas, de modo que el narcotráfico no sólo evade la ley sino que actúa en favor de la erosión del entramado democrático (O'Donnell, 1998). 

5. Discusión: Como los lazos transnacionales erosionan las instituciones locales. 

El análisis de la evolución histórica, las transformaciones recientes y los casos concretos permiten validar la hipótesis central: los vínculos transnacionales del narcotráfico actúan como un solvente que disuelve la integridad de las instituciones argentinas, generando una crisis de gobernabilidad y generando un “vacío de justicia” en la sociedad. La discusión debe centrarse ahora en el mecanismo de esta erosión. ¿Cómo, exactamente, la dimensión transnacional potencia la crisis local?

El primer mecanismo es la escala económica. El narcotráfico transnacional maneja flujos de dinero que, frente a los presupuestos de las agencias que deben combatirlo, su presupuesto es diminuto. Un juez, un fiscal, un jefe de policía o un funcionario de aduanas en Argentina manejan presupuestos limitados y perciben salarios que no guardan ninguna proporción con el poder de soborno de una organización que mueve cientos de millones de dólares. El CONICET (s.f.) llama a “repensar el debate”, y esto incluye entender que la lucha no es contra “delincuentes” en el sentido tradicional, sino contra corporaciones multinacionales ilícitas. Esta asimetría económica hace que la corrupción no sea una opción, sino casi una inevitabilidad en instituciones con débiles controles internos. El poder de “comprar” impunidad es el principal vínculo entre lo transnacional (el dinero) y lo local (la institución erosionada).

El segundo mecanismo es la fragmentación de la soberanía. El crimen transnacional opera, por definición en las grietas del sistema internacional- explotando diferencias legislativas, la falta de cooperación entre países y la lentitud de causas judiciales-, y para Argentina y la región esto significa que, mientras las organizaciones se desplazan y coordinan operaciones en redes globales, la respuesta estatal aparece atomizada (la justicia federal investiga ciertos tramos, la justicia provincial otros, la policía provincial muestra recelos interjurisdiccional y las agencias federales compiten), de modo que resulta imprescindible promover una respuesta latinoamericana que entienda la soberanía no solo como delimitación territorial sino como la obligación de proteger intereses regionales y articular capacidades institucionales, porque el narcotráfico no solo elude jurisdicciones sino que actúa como un mecanismo de socavamiento institucional; en términos gramscianos, estas redes configuran una forma de poder que desafía la hegemonía estatal al reconfigurar relaciones de autoridad y consentimiento, y marcos contemporáneos sobre gobernanza transnacional.

El tercer mecanismo es el paradigma de respuesta fallida. Como argumentan el CONICET (s.f.) y Napiorkowski (2019), el paradigma de la “guerra contra las drogas”, centrado en la criminalización y la seguridad, ha fracasado. Esta “guerra” se ha traducido en Argentina en una guerra contra los pobres y los consumidores, mientras las estructuras transnacionales prosperan. La erosión institucional se produce porque el Estado gasta limitados recursos en una estrategia equivocada. En lugar de invertir en inteligencia financiera, transparencia portuaria (Souto Zabaleta, 2019) y cooperación judicial internacional, invierte en llenar las cárceles de pequeños traficantes. Esto no es solo inefectivo, sino contraproducente: las cárceles se convierten en “universidades del crimen” y la violencia en los barrios escala, mientras el negocio transnacional de exportación y lavado sigue intacto. La erosión, por tanto, es un proceso triple. El dinero transnacional “compra” la institución. La lógica transnacional “burla” la institución. Y el paradigma de guerra fallido “distrae” a la institución, haciéndola gastar sus fuerzas en objetivos irrelevantes mientras el núcleo del problema (la estructura económica-financiera y sus vínculos con el poder) permanece intacto. Lo que queda es el cascarón de la institución: edificios judiciales, uniformes policiales, sellos oficiales; pero su función real ha sido cooptada y neutralizada. 

6. Conclusión: Propuestas para la reconstrucción institucional. 

Este ensayo ha trazado la genealogía y la configuración actual de la crisis institucional argentina frente al narcotráfico, validando la hipótesis de que los vínculos transnacionales han socavado sistemáticamente el poder judicial y las fuerzas de seguridad. Se ha demostrado que la transformación de Argentina de un nodo logístico, de producción y consumo clave (Sampo, s.f.) no podría haberse producido sin una erosión paralela de la capacidad estatal de control, investigación y sanción (Souto Zabaleta, 2019). El resultado es un “Estado de la cuestión” que es, simultáneamente, una “cuestión de Estado” (Sampo, s.f.). La evidencia de los informes (OAD, 2007), los análisis académicos (Napiorkowski, 2019; Souto Zabaleta, 2019) y las propuestas de debate (CONICET, s.f.) convergen en un punto: la estrategia actual ha fracasado. La insistencia de un enfoque meramente punitivo y centrado en la seguridad, enfocado en los eslabones más débiles, no solo ha sido ineficaz contra el crimen transnacional, sino que ha sido un factor activo en la generación de corrupción y en el debilitamiento institucional. La reconstrucción de la integridad institucional es la tarea más urgente, y debe plantearse sobre bases radicalmente diferentes a las actuales. Las líneas de propuesta de este proyecto de investigación, informadas por el análisis de las fuentes, apuntan a esa dirección. 

Primero, es imperativo un nuevo marco legal e institucional para la investigación de crímenes complejos. Esto implica superar el paradigma de la Ley 23.737, tal como sugieren los análisis de Napiorkowski (2019) y CONICET (s.f.) y avanzar hacia un enfoque que distinga claramente la salud pública de la persecución del crimen organizado. Se debe fortalecer la independencia y la capacidad técnica de fiscales y jueces, creando unidades especializadas en investigación financiera y lavado de activos, con recursos y tecnología adecuados, blindadas de la interferencia policial y política. 

Segundo, la estrategia debe abandonar la retórica punitiva para centrarse en la desarticulación de las estructuras económicas. Como se desprende de la necesidad de “rigurosidad analítica” (Souto Zabaleta, 2019), el objetivo no debe ser la incautación de pequeños volúmenes, sino el golpe en la logística y las finanzas. El narcotráfico es un negocio; la respuesta estatal debe desarticular ese negocio. 

Tercero, esto requiere mejorar drásticamente la transparencia y los controles en los puertos y cadenas logísticas. Las recomendaciones de Souto Zabaleta (2019) sobre controles integrados (Aduana, Prefectura, autoridades portuarias) y el uso de inteligencia aduanera para detectar patrones atípicos son cruciales. Sin un control efectivo sobre el corredor del Paraná y los puertos de Rosario y Buenos Aires, cualquier esfuerzo será en vano. 

Cuarto, y volviendo a la naturaleza transnacional del problema, la respuesta debe ser transnacional. Como advierten Sampo (s.f.) y el informe del CONICET (s.f.), ningún país puede solucionar esto solo. Se debe promover una cooperación regional e internacional intensa, no solo en el intercambio de inteligencia, sino en la trazabilidad financiera y la recuperación de activos. Golpear la estructura económica implica poder rastrear el dinero a través de las fronteras, embargar y repatriar, reduciendo así la capacidad de soborno y cooptación. 

En síntesis, la crisis institucional de Argentina frente al narcotráfico es profunda y estructural. Ha sido alimentada por el poder económico de actores transnacionales que encontraron un terreno fértil en un Estado con instituciones débiles y un paradigma de respuesta fallido. La única salida posible es una reingeniería total de abordaje: de la seguridad a la economía, de la punición a la inteligencia, y del aislamiento nacional a la cooperación transnacional. Solo así se podrá comenzar a reconstruir las instituciones que hoy se encuentran socavadas. 

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Pilar Sakson es estudiante de Ciencia Política en la UBA y Derecho en la UNLP. Este año, ha participando de una competencia internacional representando a la UBA en el "National Model United Nations" (NMUN) obteniendo una participación distinguida como grupo. Participa activamente en la coordinación de modelos ONU como MONUBA. Se interesa en las políticas publicas tanto en Argentina como en la región latinoamericana para su desarrollo integral. Se interesa en los distintos debates en espacios políticos jovenes en temas como: democracia, industrialización y soberania en la región latinoamericana.

Referencias 

CONICET (comp.). (s.f.). La Argentina y la cuestión de las drogas: una propuesta para repensar el debate público. 

Napiorkowski, F. (2019). Políticas de drogas en Argentina: Criminalización y estigma. XI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires. 

Observatorio Argentino de Drogas (OAD). (2007). El tráfico de estupefacientes en la Argentina: Un estudio sobre sus condicionantes estructurales y coyunturales. Buenos Aires: SEDRONAR. 

Sampó, C. (s.f.). El tráfico de drogas en Argentina: Estado de la cuestión, cuestión de Estado. Sociales en Debate. 

Souto Zabaleta, M., Delfino, P., & Sarti, S. S. (2019). Consideraciones críticas sobre el abordaje del problema del narcotráfico en Argentina. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, 13(44), 51-88. 

O'Donnell, G. (1998). Horizontal accountability in new democracies. Journal of Democracy,112–126. 

Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). (s.f.). Informe sobre narcocriminalidad en Argentina. Ministerio Público Fiscal. 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (s.f.). Informe mundial sobre drogas. Naciones Unidas. 

Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). (s.f.). Evaluación sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo en América Latina. GAFILAT.